Estado, comunidades indígenas y desarrollo en la Región Andina: reflexiones desde la experiencia ecuatoriana.

 

Entrevista con Edgar Isch L.

Universidad Central del Ecuador

 

Entrevista realizada por Diego Geng

Pontificia Universidad Católica del Perú / Programa trAndeS

Lima, enero 2019

 

Pasaron casi tres décadas desde la Cumbre de Río de 1992 y la aprobación de la Agenda 21 para promover el desarrollo sostenible. En este periodo, Estados y organismos transnacionales adoptaron la sostenibilidad como un enfoque que promete, eventualmente, lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ambiental. Sin embargo, en los países de la Región Andina, el enfoque de la sostenibilidad convive con el modelo de desarrollo extractivista, que produce altos ingresos nacionales, pero a costa de profundizar desigualdades sociales y degradar el ambiente, en especial en territorios indígenas (Bebbington, 2013).

Frente a este panorama, intelectuales, activistas y políticos andinos plantearon críticas a la relación entre desarrollo y sostenibilidad. Señalan que no puede pensarse en un equilibrio entre conservación, equidad y eficiencia sin transformar la noción de crecimiento infinito que acompaña a la idea de desarrollo. Más aún, si dicho crecimiento se hace explotando territorios indígenas y obligándolos a abandonarlos. De igual modo, se propuso repensar los flujos globales de capital y recursos naturales que determinan quiénes reciben los beneficios y quiénes los impactos. Desde esta perspectiva, se interpreta a la sostenibilidad como un paliativo a las desigualdades socio-ecológicas que produce el extractivismo y, en consecuencia, un mecanismo para mantenerlo en funcionamiento.

¿Cuáles son los alcances sociales y políticos del extractivismo y el desarrollo sostenible? ¿Hasta qué punto los enfoques alternativos al desarrollo cambiaron el escenario andino? ¿Qué le espera a la Región Andina en materia de políticas ambientales en la era del “giro a la derecha”? En esta oportunidad, entrevistamos a Edgar Isch, ex ministro de Ambiente de Ecuador, académico y activista. Isch fue ministro en los primeros meses del gobierno de Lucio Gutiérrez, quien conformó un gabinete de ancha base con líderes indígenas y organizaciones de izquierda. Poco tiempo después, Isch renunció debido al giro a la derecha del gobierno en política económica. Desde entonces, su vida se dividió entre la academia y el activismo, y trabaja en temas relacionados con agua, ambiente, derechos indígenas y educación. Formó parte del Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables (CAMAREN), una importante plataforma de discusión y propuesta de medidas sobre medio ambiente en Ecuador.

A partir de la experiencia ecuatoriana, Isch hace una reflexión crítica sobre el desarrollo sostenible, propone puentes entre el concepto de sustentabilidad y el “buen vivir”, y prevé un escenario andino en el que la presión por los recursos aumenta, pero en el que todavía queda margen para la acción por el ambiente y las comunidades indígenas.

Diego Geng (DG): ¿Qué es la “sustentabilidad” y qué diferencias tiene con el “desarrollo sostenible”?

Edgar Isch (EI): La idea de desarrollo es vieja y está vinculada con las ideas de crecimiento económico y progreso, es decir la creencia en que la expansión del capital y la tecnología nos llevará hacia un futuro mejor. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el crecimiento es alcanzado a costa de una altísima destrucción de la naturaleza y la sobreexplotación laboral.

La sustentabilidad la entendemos como la responsabilidad intergeneracional de conservar la naturaleza y asegurar el acceso a los recursos para las generaciones futuras. Cuando en la Cumbre de Rio de 1992, aparece el concepto de “sostenibilidad” centrado en los aspectos económicos y monetarios del desarrollo, entendimos que se estaba renunciando a los principios fundamentales de la sustentabilidad, es decir, que debía ser ecológicamente amigable, económicamente eficiente y socialmente justa. Es por ello, que se comenzó a discutir el uso de un término diferenciado en Latinoamérica.

Veamos un ejemplo. Una plantación comercial de árboles – que, por supuesto, no es equivalente a un bosque – puede ser sostenible, en la medida en que puede lograr una eficiencia económica que le permite sostenerse por años, ofrecer empleo y proveer recursos. Pero no es ecológicamente amigable, porque la naturaleza no funciona en torno a plantaciones, sino a bosques que tienen diversas especies y edades. Tampoco es socialmente justa, porque muchas veces nos encontramos con condiciones laborales precarias. De tal manera que, bajo los criterios del desarrollo sostenible, diríamos que hay sostenibilidad, pero no hay sustentabilidad.

La sustentabilidad sigue siendo una meta que debe ser alcanzada con urgencia. Si no consideramos lo ambiental y la justicia social como parte del desarrollo, profundizaremos la actual crisis, cuya manifestación más evidente es el cambio climático.

DG: Entonces, ¿usted diría que la idea del desarrollo sostenible conserva una visión que prioriza lo económico sobre la conservación y la equidad?

EI: Mucho. Por esa misma razón es fácilmente aceptada por organismos multilaterales, como el Banco Mundial. Sin embargo, cuando llegamos a la cumbre de Rio+10 (año 2002) encontramos que la situación ambiental está en peores condiciones. Cuando llegamos a Rio+20 (año 2012) aún peor. Y si miramos el retiro de Estados Unidos del acuerdo de París y una serie de medidas similares de otros Estados, comprendemos que las medidas tomadas son afines a un desarrollo economicista; mucho más si están orientadas por una visión neoliberal.

DG: Frente a estas tendencias globales ¿qué alternativas al desarrollo han surgido desde la Región Andina?

EI: Creo que hay que valorar varias. Sin establecer un orden de importancia, empezaría por una corriente contraria al extractivismo, que viene sumando a distintos sectores sociales y étnicos de nuestras sociedades. Esto es importante porque brinda la posibilidad de discutir si es que vamos a seguir una línea de desarrollo centrada en el crecimiento. El extractivismo está generando un daño ambiental absolutamente profundo.

Segundo, desde los movimientos indígenas andinos surgen las posiciones del Sumaq Kawsay (quichua) o el Suma Qamaña (aymara), que se refieren a vivir a plenitud y con un sentido comunitario, es decir, lograr una satisfacción colectiva. Por lo tanto, es una ruptura con el planteamiento del “desarrollo igual crecimiento”, porque para vivir a plenitud no necesariamente se requiere de más recursos. El nivel actual de concentración de la riqueza mundial demuestra que el problema no es carecer de recursos, sino de cómo se ha distribuido la riqueza y qué es lo que eso genera.

Tercero, una perspectiva de derechos y responsabilidades del consumidor, relacionados con la comprensión de cómo se da la producción de las cosas, desde la obtención de las materias primas hasta el consumo final. Cuando hablamos de eso, volvemos a concebir de manera distinta la propia vida personal y familiar, al dejar de lado el consumo innecesario, guiado por un afán de pertenecer a un estatus social y que, además, genera más basura que material útil.

Cuarto, las ideas que surgen del debate entre ambientalistas y ecologistas. Los primeros se centran en la conservación intocada de los recursos de las áreas naturales. Para ellos, lo ideal es que mientras más extensión se proteja y se impida el ingreso humano de sus industrias es mejor. Esto es, por supuesto, un freno al extractivismo y es un freno a la idea del consumo inmediato de los recursos naturales.

El ecologismo hará esto, pero vinculándose con las sociedades locales, con los pueblos indígenas, entendiendo que puede existir un uso diferenciado de las áreas naturales. Por ejemplo, los pueblos indígenas amazónico han utilizado los recursos de la Amazonía por cientos de años, de una manera tal que no han causado daño a la naturaleza, sino más bien la simbiosis entre ellos y la naturaleza genera la conservación y la ampliación de la biodiversidad.

DG: Hace unos años, algunos gobiernos de la región asumieron como propios algunos elementos de estos discursos alternativos, especialmente en Ecuador y Bolivia, donde los movimientos indígenas han tenido una fuerte presencia. ¿Hasta qué punto considera que estos elementos se han transformado en políticas públicas y que, en este proceso, se han convertido en parte del discurso oficial?

EI: Tanto en Ecuador como en Bolivia, se incorporó constitucionalmente el Sumaq Kawsay o Suma Qamaña como régimen de desarrollo. No obstante, el paso entre la constitución y las leyes ha sido lento y defectuoso. En el fondo, los gobiernos que aceptaron esta inclusión impulsaron el extractivismo. Algunas personas lo calificaron de neo-extractivismo, porque se entregaba mayor control al Estado sobre lo que hacían las empresas y había más ingreso para este, el cual se utilizaba en inversión social. Sin embargo, el extractivismo de la época cepalina hacía exactamente lo mismo. En ningún caso se renunció a la esencia del extractivismo que consiste en extraer grandes volúmenes de recursos naturales de manera acelerada y violenta, asumirlos como un valor de cambio, exportarlos con mínima o ninguna transformación, y, por tanto, alimentar un sistema de acumulación de riqueza a escala internacional.

Te diría, sobre todo para el caso ecuatoriano, el Sumaq Kawsay fue utilizado para validar el extractivismo, quitándole su raíz comunitaria y colectiva para plantearse como un “buen vivir” individual. Entonces, se justifica que pueda hacerse lo que sea, con una visión cortoplacista, olvidando a las generaciones futuras.

Un proyecto extractivista minero está pensado en veinticinco, treinta años, pero cuando se destruye una zona riquísima como en la cordillera del Cóndor, estamos hablando de la destrucción de un ecosistema que pudo haber beneficiado a generaciones por cientos o miles de años y de múltiples maneras.

Se evidencia una contradicción entre el mandato constitucional y las leyes (mineras, petroleras, etcétera), con la incursión de estas industrias en áreas protegidas y parques naturales nacionales. Entonces, corremos el riesgo de que sea un bonito eslogan, que en muchos casos está siendo utilizado para justificar las peores acciones contra la naturaleza.

DG: ¿Cuáles han sido las implicaciones políticas del uso de estas ideas para legitimar el extractivismo en la relación movimientos indígenas-estado en Ecuador?

EI: Por mucho tiempo, los indígenas fueron desconocidos en su calidad de seres humanos. Cuando se hablaba de la Amazonía, por décadas, se decía que eran terrenos baldíos, que allí no vivía nadie o, sencillamente, que no tenían importancia. Cuando se hicieron ciertas transformaciones, como la reforma agraria de 1964 en Ecuador, se les entregó la peor tierra. Por ejemplo, el área de ecosistemas de páramo que los indígenas siempre utilizaron de modo sustentable, pero que no era lugar de vivienda. Como un ecosistema tropical de altura, el páramo tiene una importancia fundamental para contar con recursos hídricos y biodiversidad, pero fue entregado a los indígenas para que sobrevivan haciendo agricultura, destruyendo esa función ecológica.

Este hecho hizo que los indígenas estén en zonas que no le interesaban al capital. Sin embargo, cuando se encontraron allí recursos naturales fue cuando este se decide a ocuparlas, encontrándose con territorios manejados comunitariamente, en muchos casos. Entonces, con su modo de vida, los indígenas se convierten en una barrera al crecimiento del capital.

Por eso es que las visiones de desarrollo agresivo chocan con el derecho que tienen poblaciones indígenas a mantener sus formas culturales, sus prácticas económicas, sus prácticas de consumo. El choque es violento, porque quienes fomentan el extractivismo actúan con violencia. La gente resiste y luego viene la violencia oficial, a modo de represión.

Podemos verlo en el Tipnis en Bolivia, en el Baguazo en Perú, en la declaración del presidente Correa de que los “ambientalistas infantiles” y estos grupos indígenas eran los enemigos de su gobierno, etcétera. La violencia ligada al desarrollo extractivista es inevitable.

De hecho, esto ha posibilitado que los indígenas vayan ganando claridad para diferenciar entre sus perspectivas culturales y la perspectiva hegemónica; para entender cómo revitalizar el Sumaq Kawsay en sus comunidades, cómo volverse aún más defensores de la naturaleza y cómo transmitir eso al resto de la sociedad. El diálogo intercultural es un proceso que, lamentablemente, no siempre se desarrolla y que, en muchas ocasiones, se manipula.

DG: En los últimos años, Sudamérica y la Región Andina han experimentado cambios en sus regímenes políticos. Hace una década y media se hablaba del giro a la izquierda y ya hace unos años de un giro hacia la derecha ¿qué influencia tienen estos cambios en la conservación ambiental, el reconocimiento de derechos indígenas y la participación ciudadana en los próximos años en la región?

EI: Creo que los gobiernos del llamado “giro a la izquierda” antes que proponerse la superación del capitalismo – que es lo que identifica a la izquierda –, eran gobiernos modernizadores del mismo: buscaban una mejor relación con la naturaleza que la propuesta por los neoliberales, pero que, en última instancia, se ubicaron del lado del extractivismo. Esto generó conflictos sociales inevitables que, al mismo tiempo, sembraron el terreno para el surgimiento de gobiernos de derecha.

En el caso ecuatoriano, la derechización del gobierno de Moreno – salido del mismo partido de Correa – no ha hecho sino profundizar el extractivismo. La historia del país demuestra que la empresa estatal de petróleo, por ejemplo, causó tanto daño a la Amazonía como las empresas privadas. En nuestra historia, no hubo en eso ninguna diferencia.

El giro hacia la derecha tiene que ver, entre otros aspectos, con que los gobiernos [de izquierda] no lograron resolver los problemas fundamentales de la sociedad. El giro a la derecha no viene solo, viene sembrado por errores e, incluso, delitos de corrupción dentro de esos gobiernos.

Ahora bien, en los países donde vemos un giro hacia posiciones francamente neoliberales, como Argentina, Brasil o Ecuador, encontramos una situación de afectación sumamente grave a la convivencia humana y con la naturaleza.

El gobierno de Brasil ha anunciado el recorte de áreas de protección y territorios indígenas en la Amazonía para que puedan ingresar empresas, entre ellas, el monocultivo soyero. Ese mismo gobierno ha anunciado la intención de salirse del acuerdo de París, lo que implica olvidarse totalmente de la sostenibilidad y sustentabilidad, las cuales señala como discursos de izquierda. Por ello, hay una obligación de actuar con firmeza de quienes tienen mayor conciencia de los riesgos que plantea la destrucción ambiental a las poblaciones humanas, poblaciones que son a su vez defensoras de la naturaleza.

DG: Frente a este escenario. ¿Qué importancia cree que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los acuerdos por el clima y las organizaciones internacionales en la Región Andina en cuanto a los impactos del extractivismo y el cambio climático?

EI: Nuestros países andinos están entre aquellos que podrían tener afectaciones graves por el cambio climático. Una de ellas es la reducción de los glaciares y consecuentemente la reducción de las aguas que alimentan los sistemas de potabilización de las grandes ciudades. Pero no olvidemos que el cambio climático no solo es aumento de temperatura y reducción de agua, es también el incremento y gravedad de fenómenos ambientales extremos. Esto involucra la posibilidad de nuevas inundaciones en las costas y otros factores que ya estamos viviendo. A eso hay que sumar la reducción de especies animales y vegetales, lo que significa la reducción de la alimentación, y la eliminación de prácticas alimentarias tradicionales.

De tal manera que estamos viviendo un momento de crisis civilizatoria del sistema capitalista que nos obliga a actuar rápido. Sabemos que la temperatura global podría subir dos grados y eso trae efectos graves e irreversibles. Si no los frenamos ahora, no solo vamos a perder biodiversidad, esto también va a significar una serie de fenómenos nuevos, sumamente graves, como migraciones masivas a nivel global.

No significa que ya no hay nada por hacer, al contrario, la urgencia existe porque todavía podemos enfrentar la situación y lograr resultados positivos.

DG: ¿Cree que esta infraestructura de normas y organizaciones internacionales puede ser una herramienta para lograr los objetivos de sostenibilidad a nivel local, regional o nacional, o han quedado en un estado declarativo?

EI: Es cierto que cada vez hay menos confianza sobre el resultado de esos acuerdos y esas propuestas. Pongamos el caso del Protocolo de Kyoto, cuya evaluación no sería en absoluto satisfactoria, puesto que no se logró la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando una política internacional existe y hay presión social, este se vuelve un instrumento de exigencia y de incidencia política sumamente importante. Si es que además de esa acción social, se logra encontrar y promover cambios tecnológicos adecuados, se pueden tener resultados favorables.

Sin duda, el protocolo de Montreal ha traído resultados, pues redujo de manera sensible la producción de gases CFC (clorofluorocarbonos) y esto ha beneficiado la protección de la capa de ozono. Falta mucho por hacer, pero algo se ha logrado.

Hay acuerdos de defensa de ciertas especies marítimas, de aves migratorias, que igualmente han tenido resultados positivos. No han sido resultados óptimos, pero dejan ver que se puede hacer algo. Insisto, siempre y cuando haya presión social favorable y si se logra trabajar por los cambios tecnológicos necesarios y sustentar esos cambios. A veces podemos tener una tecnología nueva más útil, pero algún economista clásico puede decirnos que no es eficiente porque cuesta más. Ante eso, la respuesta inevitable es que sí, la conservación de la vida tiene un costo, la protección de la naturaleza es una inversión.

Estamos, por tanto, en un punto en el que todavía podemos tener esperanza en la medida que haya acción social suficiente para impulsar y aprovechar las políticas internacionales. De tal manera que no solo queden como discursos bien expresados frente a una realidad crítica.

 

Bibliografía

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